El Alcalde firma una segunda inversión de 470.000 euros en alumbrado LED

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha conseguido un segundo préstamo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) para la inversión de 470.000 euros para el cambio de 1.110 luminarias a tecnología LED de varias calles del municipio. Esta importante actuación se encuentra recogida dentro del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior, convocadas en la Resolución del Ministerio de Industria 5 de abril de 2017, que supondrá la concesión de un préstamo reembolsable a 10 años y con un tipo de interés de 0%.
Se trata por tanto de la segunda actuación que en materia de renovación de alumbrado público realizará el Ayuntamiento con cargo a las ayudas otorgadas por el IDEA, tras la puesta en marcha en el año 2016 mediante una inversión de 480.000 euros. A este respecto, el Alcalde Rafael Martínez ha argumentado que “desde el inicio de la legislatura hemos mantenido una objetivo claro por la reducción del consumo energético de las instalaciones de alumbrado público, que además supondrá un importante ahorro económico de en torno a 50.000 euros anuales”.
Con este ahorro, el Ayuntamiento “podrá asumir la devolución del préstamo que nos han concedido, por lo que no tendrá ningún tipo de perjuicio para las arcas municipales, sino al contrario, se permitirá mejorar notablemente la eficiencia energética del sistema y reducir las incidencias del servicio de alumbrado público”, ha explicado Martínez. Tras el proceso de licitación y adjudicación, los trabajos abarcarán la totalidad del casco antiguo así como la zona de la calles Rioja, Extremadura y alrededores, la zona de Paso del Descubrimiento, calle Magallanes y alrededores o de la calle Valle Inclán y alrededores.
“Con esta actuación, junto a la realizada en el año 2016 y a la proyectada a través del Plan de Inversión Regional, más del 70% de las calles de San Martín de la Vega dispondrán de tecnología LED”, ha afirmado el Alcalde, quien añade que “desde su comienzo, los trabajos deberán estar terminados en un plazo de nueve meses” y ha reiterado la necesidad de “apostar por unas políticas medioambientales que promuevan el uso sostenible de los recursos públicos”.